PRONACIB: Argentina refuerza ciberdelitos e IA en Justicia

El Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB) es la novedad institucional argentina que ordena cómo el Estado va a prevenir, investigar y perseguir delitos digitales, con un eje explícito en inteligencia artificial. La medida figura en la Resolución 483/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial el 25 de septiembre de 2026.

Qué se creó y dónde vive

El PRONACIB se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. Reemplaza el marco anterior del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática (resoluciones de 2016) y la mesa de trabajo de ciberdelito de 2024, que la misma resolución deroga. Queda a cargo de un coordinador y puede armar mesas interinstitucionales con organismos públicos, justicia, fuerzas de seguridad y actores privados.

Por qué importa para quien trabaja en TI

La norma parte de un diagnóstico que ya conocés si das soporte, seguridad o datos: la ciberdelincuencia es dinámica y muchas veces transnacional. Pedir evidencia digital, preservarla y usarla en un proceso exige criterios de ciberseguridad, no solo “sacar capturas”. El programa apunta a fortalecer obtención, preservación, análisis e incorporación procesal de esa evidencia, con estándares de integridad, autenticidad y confidencialidad.

Para perfiles de soporte N1, administradores, analistas o quienes estudian ciberseguridad, el mensaje práctico es claro: la prueba digital y la trazabilidad dejan de ser un detalle técnico y pasan a ser prioridad de política criminal. Eso suele empujar mejores protocolos en empresas, bancos, plataformas y organismos.

Inteligencia artificial: dos caras

La resolución menciona la IA en dos sentidos. Primero, el riesgo de que organizaciones criminales la usen para automatizar o masificar delitos. Segundo, el uso funcional de la IA en el análisis de información y el tratamiento de prueba digital. Cualquier aplicación de estas tecnologías, según el marco, debe alinearse con legalidad, transparencia, trazabilidad, auditabilidad, no discriminación y protección de datos personales (Ley 25.326).

Activos virtuales y cooperación internacional

Otro eje es el tratamiento de activos virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), en línea con definiciones de la Ley 27.739. El programa debe impulsar protocolos para identificar, seguir, asegurar e incautar criptoactivos vinculados a causas penales, coordinando con entidades financieras y plataformas. También refuerza la articulación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital (punto de contacto del Convenio de Budapest) con Cancillería para la cooperación internacional.

Cómo leer la fuente (sin inventar)

La fuente primaria es el Boletín Oficial: Resolución 483/2026 — Ministerio de Justicia. Ahí están el texto resolutivo, la fecha de publicación (25/09/2026) y la remisión al Anexo I con objetivos y lineamientos. Si necesitás el detalle operativo del programa, revisá ese anexo en la edición web del BORA; no des por hecho cupos, plazos ni herramientas concretas que la resolución no enumera en el cuerpo principal.

Qué podés hacer vos hoy

  • Si manejás sistemas: documentá cómo se preservan logs y backups ante un incidente (cadena de custodia básica).
  • Si estudiás TI: sumá vocabulario de evidencia digital, criptoactivos y privacidad de datos a tu CV o portfolio.
  • Si sos usuario: reportá fraudes y phishing por los canales oficiales del banco o plataforma; no reenvíes capturas a desconocidos.

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Autor: Lucas Baigorria. Fuentes oficiales citadas; verificá siempre el Boletín Oficial ante cambios posteriores.

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